La Ley de
desinformación que lleva a la Restitución de Tierras
La Ley de víctimas y restitución de tierras ha producido revuelo porque, en
primer lugar, en lo que concierne a la Ley de víctimas, se han encontrado
casos en los que los jefes paramilitares están utilizando este marco jurídico
que los cobija para delinquir; y, en el segundo, en lo relacionado con la Ley
de restitución de tierras, la restitución a persona por persona de cada caso
específico ha generado controversia por lo que se pide hacerlo de manera
colectiva. Alejandro Mantilla Quijano, del
Instituto Nacional Sindical CENDIS, afirma que la Ley se ha pronunciado acerca
de la Ley de víctimas y Restitución de Tierras asegurando que dicha Ley es un
caballo de Troya en contra de las poblaciones rurales, mientras que Guillermo Rivera, Representante a la Cámara
encargado del proyecto, que es quién asegura que esta traerá paz y
tranquilidad al pueblo que ha tenido que abandonar sus pertenencias por la
guerra.
La Ley de Víctimas y Restitución de tierras no es clara en cuanto a las
características que deben cumplir los posibles beneficiados de la Ley, lo cual
ha generado que personas que no han sido afectadas por la violencia estén
solicitando dichas ayudas, quitándole la oportunidad a quienes sí lo han
sido. Esto nos lleva a incentivar al pueblo colombiano, y aún más a los
afectados por el conflicto armado, para que lean la Ley que se encuentra en la
página del Congreso de la República para que así sepan quiénes son los implicados que
tienen el derecho de ser cobijados por esta. Por
ejemplo se investiga a 42 ex paramilitares que
están siendo acusados de delinquir en la Ley que los beneficia por
reclamar tierras que no les corresponderían por su condición de victimarios, y
no de víctimas, en el conflicto armado. Esto lleva a pensar si de verdad el
proceso que se está llevando a cabo para involucrar a las personas que deben
ser cobijadas por la Ley es el debido porque estas 42 personas investigadas
están a punto de ser eliminadas de estos beneficios.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice que por parte del gobierno
la Ley de víctimas y Restitución de tierras se está llevando acabo con éxito y
se está poniendo todo de parte del Gobierno, para que su cumplimiento sea
preciso y sin complicaciones. Sin embargo, Monseñor Héctor Fabio Henao ha dicho
que esta Ley tiene complicaciones en la comunicación y en la información hacia
la gente que tiene derecho a acceder a la misma, como lo es la comunidad Wayú
que asegura que los formatos de afiliación a la Ley no son claros y no son
fáciles de diligenciar consiguiendo que la vinculación al proceso de restitución
sea más compleja. Esto se debe, según el obispo, a que en las regiones rurales
no hay suficientes funcionarios del Estado que se encuentren especializados en
el tema, lo que genera que la implementación de dicha Ley sea muy compleja y
poco efectiva en cabeceras municipales como Mitú, Florencia y Leticia. Con
relación a la afirmación de Cárdenas, en el sentido de que la implementación,
es necesario saber que persisten los inconvenientes de violencia contra algunas
de las víctimas que están exigiendo que les restituyan sus tierras, puesto que
en los últimos meses muchas han sido asesinadas en el Cesar y Sucre por
supuestos ejércitos “anti-restitución”. Esto nos confirma que las
características de base que fundamentan esta Ley no cuentan con los suficientes
argumentos para que esta sea cumplida de manera cabal en todos los rincones del
país.
Los vacíos de interpretación que tiene la Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras en cuanto a cómo se debe llevar a cabo el proceso y la
protección de las personas que están siendo vinculadas a la Ley ha producido
que la violencia se incremente y que las personas no tengan un fácil acceso a
los beneficios de esta Ley que, se supone, los cobija. Por esto es que el
pueblo colombiano, y más aún las víctimas del conflicto armado, deben leer la Ley 1448 para informarse
de quiénes son los verdaderamente beneficiados para que no se presenten más
casos de personas que quieran aprovecharse de las verdaderas víctimas y
utilicen como excusa la violencia que atraviesa el país desde hace ya
varias décadas para mercantilizar las leyes que intentan resarcir la
violencia en Colombia.
